El jefe de Business Track (BTR)
Manuel Elías Ponce Feijóo manifestó ayer que las conversaciones
telefónicas entre Rómulo León y Alberto Químper, que él encargó
interceptar y que luego fueron difundidas por la prensa en octubre de
2008, evitaron el robo, por parte del entorno de Alan García, de 875
millones de dólares de las arcas del Estado.
De esa manera, el exsubdirector de
inteligencia de la Marina ratificó que el APRA pretendió alzarse con un
tercer gobierno, al cual aspiraba dirigir el expremier Jorge del
Castillo, financiándose con el dinero obtenido de las concesiones
ilícitas de lotes petroleros a favor del empresario dominicano Fortunato
Canáan, procesado al igual que León y Químper en el caso Petroaudios,
que ahora está a puertas del inicio del juicio oral.
“No solo cayó un gabinete sino que (con los audios divulgados) se evitó el robo de más de 875 millones de dólares al Estado que irían a la campaña de Jorge del Castillo”, afirmó Ponce.
Edward Sánchez, abogado de Ponce Feijóo,
explicó que la suma a la que hizo alusión Ponce está basada en la carta
de seis páginas denominada Proyecto Perú y que redactó Canáan a León en
la que le refiere los pasos para lograr los contratos con el
Estado, como los $1,750 millones que serían repartidos, la mitad para el
entorno de García que “facilite los negocios” y la otra mitad para la
inversión.
QUERÍAN MATARME
Ponce sostuvo que la intuición de que era
el responsable del chuponeo y de la posterior divulgación de los audios
de la corrupción fueron las razones por las que el gobierno de García
se habría ensañado con él y sus coprocesados. Así refirió que el
Partido Aprista en el Congreso promovió una ley con nombre propio para
que su proceso pase de sumario a ordinario.
“Me enviaron al penal Castro Castro porque querían matarme, un penal donde están los terroristas que capturé”, indicó.
Aseguró además que su relación
con el APRA era tan estrecha que, antes que salieran a la luz los
petroaudios que provocaron la caída del gabinete de Del Castillo, ya el
propio exmandatario los conocía, porque “estaba informado de todo”.
“Colaboré con el gobierno de Alan García pues le hice llegar información, sino ¿cómo se explica que Rómulo León, ante el Congreso, dijera que Luis Nava, por encargo de García, le pidió que se aparte de Canáan? García sabía todo por mí”, dijo Ponce sobre García que lo tildó, por su parte, como un “vendedor de humo” con quien se reunió dos veces.
GIANNOTTI
Tras culminar la defensa oral de Ponce quien exigió al tribunal su absolución, le tocó el turno a su
coprocesada Giselle Giannotti, quien reiteró también su inocencia tras
insistir que las pruebas, como sus cuatro USB, que le fueron incautados
en enero de 2009, cuando fue detenida, fueron manipuladas y
desaparecidas en la etapa policial.
“Hay que recordar que en abril de 2009 (luego fueron detenidos los jefes de BTR), cómo se echaban la culpa unos a otros sobre la pérdida de los USB”, aseveró la ejecutiva de ventas de BTR quien ha reiterado en diversas oportunidades que la Policía desapareció material que le fue incautado y que involucraba a Del Castillo en actos de corrupción, para protegerlo.
Asimismo, aseguró que los audios hallados
en su poder no le pertenecían, sino que le fueron otorgados por
diversos hombres de prensa que se acercaban a ella para verificar la
autenticidad de los mismos. “Pablo O’Brien (experiodista de El
Comercio) no era el único que me consultaba sobre audios de chuponeo;
muchos periodistas tenían esos audios”, expresó.
SERÁ ESTE VIERNES
La condena se acerca
El tribunal que preside el juez Iván
Sequeiros anunció en la audiencia de ayer que la sentencia de este caso
referido a la interceptación de las comunicaciones se conocerá este
viernes, luego haber culminado la defensa personal de los ocho
procesados.
El fiscal Tony García ha solicitado para
los jefes de BTR Manuel Elías Ponce Feijóo, Carlos Tomasio de Lambarri y
Giselle Giannotti Grados diez años de prisión por los delitos de
asociación ilícita para delinquir, interceptación de las comunicaciones y
violación de la correspondencia.
Para los exmarinos Martín Fernández
Virhuez, Manuel Ojeda Angles el Ministerio Público ha pedido 9 años de
prisión y para Jesús Tirado Seguín y los operadores de Cobra Ericks
Martell y Oswaldo Salas, por los mismos presuntos delitos, 8 años de
condena. Y como reparación el pago solidario de parte de los 8
procesados de un millón 600 mil soles.
“No solo es la complejidad y los diferentes delitos sino las nefastas consecuencias de los delitos que se cometieron años, meses y días. Este es un caso emblemático que merece sanción ejemplar”, dijo en su última intervención ante el tribunal García Cano tras indicar que fueron más de 24 mil archivos de audios y miles de correos electrónicos incautados a los procesados del caso BTR.
Henry Campos
Redacción – Diario La Primera
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